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Corrupción

Investigará UIF a Mara Lezama por enriquecimiento ilícito

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reconoció sus nexos familiares con un colaborador de la alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo, Mara Lezama, pero afirmó que eso no será impedimento para investigar a la funcionaria por presunto enriquecimiento ilícito.

“La instrucción del presidente es muy clara, se tienen que generar investigaciones en todos aquellos casos donde ocurra alguna cuestión que consideremos sea ilícita”.

“Hay un primo hermano mío que trabaja con ella (Hugo Alday Nieto, secretario Técnico), la verdad es que es un tema de él, vive allá, desarrolló su vida allá, yo lo he hecho en la Ciudad de México”, manifesto.

Las denuncias presentadas por las organizaciones Opus Magnum y Monseju A. C., la UIF y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) recibieron un oficio en el que se pide dar parte al Sistema de Administración Tributaria (SAT) por el fraude fiscal realizado por la empresa “Desarrolladora Cumpal, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable”, de la que son dueños y socios Omar Terrazas García, Miguel Ángel Lezama Espinosa y Daniel Berrón Lezama, quienes han comprado lotes y departamentos en zonas exclusivas de Cancún a través de una compañía que hace cuatro años se constituyó con 60 mil pesos y hoy su capital social asciende a casi 70 millones de pesos.

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Corrupción

Absuelto «Rey de los Casino» de peliculescas acusaciones en España

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* Se retracta la testigo  que presentaron las supuestas víctimas de amenazas del empresario mexicano, Francisco Javier Rodríguez Borgio ante las cortes españolas y declara contra los ciudadanos españoles Lorenzo Sánchez Hidalgo y Guillermo Martínez Cárdenas.

El conflicto data del 2016, durante el gobierno de Roberto Borge, cuando los españoles quisieron defraudar a Rodríguez Borgio en la venta de un predio en la bahía de Petempich en la Riviera Maya del estado de Quintana Roo.

La extensión del terreno es de 250 hectáreas, con 700 metros lineales en la playa de la zona, por un monto millonario. Dijo que todo se trató de una trama peliculesca digna de Hollywood para defraudarlo.

ESPECIAL/ CDMX.-

Tras la comparecencia del empresario mexicano Francisco Javier Rodríguez Borgio, ante el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid, España, por supuestas amenazas de muerte contra tres ciudadanos españoles, el caso se cayó, ya que la testigo que habían contratado dos empresarios españoles se retractó de lo dicho aduciendo amenazas de “gente de poder” de la península ibérica, de esta manera también para las autoridades mexicanas no existe ningún delito por lo que puede regresar a México libremente.

La testigo, presunta «sicaria» detenida por la justicia estadounidense en 2017 y ahora en libertad, Marcela Silerio Domínguez dijo ante la justicia española que los mismos sujetos de nacionalidad ibérica, los empresarios Lorenzo Sánchez Hidalgo y Guillermo Martínez Cárdenas a través de terceros le solicitaron que realizara una serie de mentiras y calumnias en contra de Rodríguez Borgio a cambio de un pago en dinero, mismo que nunca recibió.

Además declaró no conocerlos ni mucho menos haber hecho un trato con ellos.

El modus operandi de un grupo de funcionarios a las órdenes del entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo que realizaron innumerables despojos y fraudes con bienes inmuebles y terrenos, afectó lo mismo a inversionistas, a empresarios y a ciudadanos mexicanos y extranjeros.

Una prueba más de esa “maraña de corrupción es el caso del predio en la bahía de Petenpich, donde los españoles Lorenzo Sánchez Hidalgo y Guillermo Martínez Cárdenas actuaron de mala fe y con engaños, sorprendieron a Rodríguez Borgio, ofreciendo en 2015 la venta del terreno, a través de la empresa “Prestadora de Servicios Azco, misma que se realizó en el madrileño hotel Villa Magna.

Detenidos en España

En mayo de 2017, los españoles José Guillermo Martínez Cárdenas y Lorenzo Sánchez Hidalgo fueron detenidos durante un operativo de Interpol en Madrid, España, debido a que están implicados en un fraude millonario cometido durante la gestión del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, periodo en el que compraron un inmueble que consta de 16 lotes.De acuerdo con investigaciones federales, en abril de 2016 los inculpados, en su carácter de representantes legales de la empresa Servicios Azco S.A. de C.V., enajenaron por segunda ocasión a la compañía Grupo Constructor de la Ribera S.A. de C.V., cada predio por un monto de 8 millones 847 mil 652.38 dólares, un precio inferior al pacto en la primera compra -venta, a favor de la inmobiliaria JRB S.A. de C.V.

Se presume que los sospechosos obtuvieron un lucro indebido al vender dos veces un bien inmueble que consta de 16 lotes; en la primera venta, en agosto de 2015, se pactó en 25 millones dólares.

En esa fecha, la Oficina Central Nacional de Interpol España y la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional, en colaboración con la Agencia de Investigación Criminal y la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, lograron la detención de los ciudadanos españoles, quienes contaban con fichas rojas emitidas por Interpol, por el delito de fraude específico en el grado de tentativa. A través del intercambio de información entre la Agencia de Investigación Criminal y autoridades españolas se logró identificar la ubicación de estas personas en el Café Oriente, ubicado en Plaza Oriente 2, de Madrid.Pruebas.

En una carta entregada a la autoridad española, Francisco Javier Rodríguez Borgio apuntó: “Guillermo Martínez Cárdenas sorprendió al suscrito con la compraventa del mismo, toda vez que respecto de la empresa vendedora Prestadora de Servicios AZCO S.A. de C.V., dicho sujeto al momento de la operación tenía conflictos con los demás socios de la misma empresa respecto de ser titular accionario de la misma y ostentar alguna representación, motivo por el cual tanto Lorenzo Sánchez Hidalgo como Guillermo Martínez Cárdenas fueron denunciados en España por sus socios por haber recibido el dinero del anticipo de la operación, quienes declararon haberlo recibido como préstamo, apareciendo en el registro público de comercio como administrador único el señor Irving Mondragón, quien con dicho cargo y los poderes y facultades inherentes estaba en desacuerdo con la venta realizada por Lorenzo y Guillermo ambos de apellidos ya conocidos”, dijo en su misiva el empresario.

Además, Rodríguez Borgio, concesionario de varios casinos en México, relata que dentro del litigio siguiente con estos sujetos, aparecieron los acreedores hipotecarios respecto de los cuales no tenía conocimiento al momento de celebrar la compraventa, entre los que se encontraba Antonio Patrón Laviada, como acreedor. “Ignorando que actividades personales realizara”.

Rodríguez Borgio declaró en la misiva a la autoridad española que: «los señores Lorenzo Sánchez Hidalgo y Guillermo Martínez Cárdenas manipularon con engaños al sistema judicial español, con una fantasía digna de una película o serie de televisión. Por lo que de la declaración de Marcela Silerio se desprende igualmente que los supuestos mensajes de whatsapp, a que se refiere la publicación combatida, no fueron enviados por el suscrito y constituyen un argumento dentro de las mentiras y fantasías creadas en mi contra por Lorenzo Sánchez Hidalgo y Guillermo Martínez Cárdenas”.

Cabe resaltar, indicó el empresario Rodríguez Borgio, que para aclarar lo sucedido a una comisión rogatoria internacional solicitada por el juzgado madrileño, autoridades de Estados Unidos aportaron una declaración jurada de Ana Marcela Silerio realizada en Miami, el 9 de marzo de 2017. En la sesión, la testigo supuestamente relató cómo se involucró para asesinar a los españoles por órdenes de Rodríguez Borgio, derivado de los desacuerdos por el predio en la Riviera Maya.

En su carta el empresario mexicano asegura que es importante hacer notar que se trata de hechos supuestamente cometidos en el año de 2016, causando extrañeza que se publiquen hasta 2021, en plena época político electoral y se quiera relacionar con el Partido Acción Nacional de acuerdo con un artículo publicado en el Semanario Proceso, aclarado que no existe ninguna historia que involucre al suscrito cargada de abusos, despojos y amenazas. “Ni que involucre a las personas Oceanografía, Caja Libertad, toda vez que la entonces PGR mediante acuerdo de fecha 19 de junio de 2014 determinó que el dinero en las cuentas bancarias de las empresas del suscrito no era objeto del delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita, ordenando a las instituciones bancarias levantar el aseguramiento respectivo dentro de la Averiguación Previa UEIORFAM/AP/065/2014”.

También acusa que durante el proceso de negociación mercantil “hubo una serie de desacuerdos, estafa y espionaje, así como amenazas, sobornos a un funcionario del gobierno estatal, encabezado en esas fechas por el priista Roberto Borge (2011-2016)”.

Ese funcionario al que señalan es el entonces director del Registro Público de la Propiedad de Cancún, Carlos Lima Carvajal, al que se señala en otras denuncias penales en casos de despojos de bienes inmuebles de alta plusvalía en varias ciudades de Quintana Roo.

Tras las denuncias que se han interpuesto en contra de funcionarios de la anterior administración, entre ellos, Lima Carvajal, la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Gestión Pública y la Fiscalía General del Estado, solicitaron copias de escrituras de diversos actos realizados y poder avanzar con sus investigaciones.

Rodríguez Borgio asegura que nunca se concretó la operación ya que la empresa de Guillermo Martínez Cárdenas terminó vendiendo el terreno a otra empresa con nombre Inversiones Mar TIRRENO y simultáneamente vendió por segunda ocasión el mismo inmueble a Grupo Constructor de la Ribera S.A de C.V. propiedad de Virgilio Rincón Salas y representada por Joaquín Ramos Ramos. “Estas operaciones pueden verificarse en el Registro de la Propiedad de la ciudad de Cancún Quintana Roo”.

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Corrupción

Cristina Torres Gómez, fue denunciada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

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María Cristina Torres Gómez, fue denunciada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR), para que se le investigue por presuntamente beneficiar a 17 empresas “fantasma” durante su mandato.

La denuncia de hechos se interpuso el pasado 26 de febrero, días después que la actual diputada del Congreso quintanarroense renunció a su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) para sumarse a la bancada de Morena.

La denuncia fue presentada por Jacob Samuel Sánchez Velázquez, quien solicitó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que, para el esclarecimiento de hechos, se solicite la documentación que respalden las actividades comerciales que el municipio de Solidaridad tuvo con 17 empresas supuestamente “fantasma” con domicilios en los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

De igual manera, pidieron a la Dirección de Auditoría Financiera del municipio de Solidaridad copia de todos y cada uno de los documentos, contenidos en el Informe de Auditoría Financiera identificada como CM/DAF/RF/AUD-02/2019.

Asimismo, que se requiera a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo las observaciones que realizadas con motivo de la revisión de las cuentas públicas, ejercidas entre 2016 y 2018 en el municipio de Solidaridad.

FUENTE

MILENIO

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